En Córdoba se vive una situación espejo a la durísima batalla que se libra en el Senado nacional por el cargo del Procurador. Hace 21 meses que el Ministerio Público Fiscal de la provincia funciona sin Fiscal General.

Alejandro Moyano, designado por el entonces gobernador De la Sota, fue el último en ocupar el cargo, que dejó en marzo del 2019 cuando cumplió su mandato constitucional de cinco años. En ese momento, Juan Schiaretti se encontraba en plena campaña electoral en busca de su tercer periodo y por eso postergó la designación de un nuevo procurador, para rechazar los cuestionamientos de la oposición que objetaban que designara un cargo tan importante a meses de poder perder el gobierno de la provincia.

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Pero Schiaretti logró su reelección y desde entonces el puesto sigue vacante. Hoy el Ministerio Público está a cargo de los cuatro fiscales generales adjuntos, aunque en la práctica, quienes ejercen la función son los adjuntos José Gómez Demmel y Héctor David.

Sobre esta situación puso la lupa el espacio político de Elisa Carrió en Córdoba. La Coalición Cívica que conduce Gregorio Hernández Maqueda acusó al propio gobernador Schiaretti de posponer el nombramiento del funcionario público para "obtener impunidad una vez terminado su mandato".

El delegado de Carrió en la provincia mediterránea se refirió al hecho de que, aunque fuera nombrado en breve, al ser un cargo que rige por cinco años, el gobernador que asuma en el 2023 tendrá dos años con un jefe de los fiscales nombrado por Schiaretti.

"¿El gobernador tiene intenciones de blindarse una vez retirado, en caso de que de su sucesor no responda a sus intereses? Con esta jugada le quita al gobernador que viene una herramienta valiosa. Es de una dimensión de poder muy importante", dijo Hernández Maqueda en diálogo con LPO.

El presidente de la Coalición Cívica de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda.

El espacio de Carrió analiza la posibilidad de presentar una denuncia por omisión inconstitucional ya que nombrar al Fiscal General es un deber del gobernador conforme al artículo 144 de la Constitución Provincial.

"En los últimos meses, Córdoba fue testigo de casos de gatillo fácil, usurpaciones de tierras y otros delitos que pusieron de manifestó que la designación del Fiscal dejó de ser una necesidad para convertirse en una exigencia imperiosa", agregó Maqueda.

Sin embargo, la posición del partido de Carrió todavía no se tradujo en una acción de todos los integrantes de Juntos por el Cambio, que atraviesan una fuerte interna.

El propio Hernández Maqueda reconoce que convocó a la UCR, al PRO y al Frente Cívico de Luis Juez a ser parte del comunicado y no tuvo éxito.